Desde Tumaco, la Diócesis hace un llamado al Gobierno nacional y a los grupos armados para no sepultar las vías negociadas y proteger a las comunidades vulnerables.
La postura del nuevo Gobierno nacional respecto al cese de las negociaciones con grupos armados ha encendido las alarmas en los territorios más impactados por el conflicto social y armado. Desde el corazón del litoral pacífico, la Iglesia Católica levantó la voz para insistir en la diplomacia y el diálogo social como los únicos caminos sostenibles para evitar el recrudecimiento de la guerra en la región.
Monseñor Franklin Misael Betancourt, obispo de Tumaco, encendió el debate regional al señalar el impacto directo que esta decisión política puede desencadenar en municipios golpeados históricamente por el confinamiento, el desplazamiento forzado y la presencia de economías ilícitas.
El fantasma del recrudecimiento del conflicto
Para los habitantes del Pacífico nariñense, los periodos de acercamiento y mesa de diálogo se tradujeron en respiros temporales de tranquilidad. Por ello, la postura de la nueva Administración central genera profunda incertidumbre sobre el futuro de la seguridad comunitaria.
“Sinceramente, sentí un cierto escalofrío. La guerra solo genera más violencia y el mejor camino siempre será un diálogo franco y transparente. No podemos seguirnos enfrentando entre colombianos”, sostuvo el líder pastoral.
A pesar del escenario de tensión, el obispo no descartó el voto de confianza hacia la gestión del presidente Abelardo De La Espriella, instándolo a tomar decisiones con sabiduría institucional que ponderen la tranquilidad de las zonas rurales.
Sustitución social y lucha contra la corrupción: La receta territorial
Más allá de las acciones militares o de orden público, la Diócesis de Tumaco enfatizó que la paz en el suroccidente colombiano requiere resolver dos grandes deudas históricas:
- Atención al campesinado y cultivos de uso ilícito: Monseñor Betancourt subrayó la necesidad de aplicar políticas públicas integrales que ofrezcan alternativas económicas reales a los agricultores de la zona, en lugar de respuestas exclusivamente coercitivas.
- Lucha frontal contra la corrupción: El prelado vinculó de forma directa la crisis de seguridad con el deterioro de la infraestructura social, advirtiendo que la malversación de recursos públicos condena a las regiones a la falta de vías, salud digna y educación de calidad.
Con este pronunciamiento, los sectores sociales y eclesiásticos de Nariño envían un mensaje contundente a la capital: cualquier estrategia de seguridad nacional debe tener como prioridad absoluta la protección de la vida en los territorios más vulnerables.
Periodista : Alvaro E. Villota E.
