PASTO — El proceso penal por presuntos hechos de corrupción al interior de la Caja de Compensación Familiar de Nariño (Comfamiliar) dio un giro decisivo en las últimas horas. La subdirectora de la entidad, Olga Alicia Vázquez Martínez, se allanó formalmente a los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, aceptando su responsabilidad en las irregularidades investigadas.
El caso, que involucra a exfuncionarios, contratistas y figuras del sector público regional, entra en una fase clave con las primeras determinaciones del juez de control de garantías y la activación de mecanismos de justicia anticipada.
Aceptación de cargos y rebaja de pena
Durante la audiencia de formulación de imputación, Vázquez Martínez decidió no combatir las acusaciones y allanarse a los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.
Esta decisión activa de inmediato el Artículo 351 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el cual contempla una rebaja de hasta la mitad de la pena por la aceptación temprana de la culpabilidad. Tras este paso, el expediente pasa a un Juez de Conocimiento, quien será el encargado de determinar la dosificación punitiva y dar lectura a la sentencia definitiva.
Durante las diligencias, la defensa de la subdirectora estuvo liderada por el abogado penalista Mario Iguarán, enfocada en la garantía de los derechos fundamentales de la procesada.
Medida de aseguramiento para los cuatro capturados
A la par del allanamiento a cargos, el juez de control de garantías definió la situación jurídica de los cuatro implicados detenidos en los operativos de la Fiscalía. A todos se les dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria:
- Olga Alicia Vázquez Martínez, subdirectora de Comfamiliar de Nariño.
- Edgar Isazandara, exsecretario de Gobierno del departamento.
- Diana Marcela Salazar, contadora vinculada al caso (cuya defensa técnica es adelantada por la firma Muñoz y Palacios S.A.S.).
- Gloria Caicedo, contratista.
Una investigación que salpicaría a cerca de 20 personas
Fuentes cercanas al proceso y analistas en materia penal señalan que este primer grupo de capturas es solo la cabecera de un entramado más amplio.
Se estima que las pesquisas de la Fiscalía podrían vincular a alrededor de 19 personas más, entre las que figuran exdirectores de la entidad, contratistas y reconocidas personalidades de la política regional. Se prevé que en las próximas semanas se conozcan nuevas decisiones y citaciones judiciales en torno al caso.
Periodista: Álvaro E. Villota E.
